Agenda de destrucción taliban progresista del Valle de los Caídos

Ya se le vió el plumero al señorito Sánchez nada más sobar poder allá por el año 2018. Si no hubo problema en hacer un Real Decreto-ley 10/2018, tampoco lo habrá para sacar a los monjes.

Volvemos a reproducir la secuencia de pasos de una crónica de una muerte anunciada que nadie parece ver:

1. Sacar al símbolo. Hubo que sacar a Franco del recinto porque no se puede hacer las siguietnes fechorías delante del talismán al que tanto temen los zurdos políticos.
2. Eliminar los testigos molestos que son los monjes de la Abadía.
3. Reconfigurar el significado del monumento como la primera gran catedral de la neoligión de estado dedicada a nuestra señora de la memoria histérica. Como hicieron los cristianos con las mezquitas.
   
4. Magog (progrecomunismo) admirador de Gog (islam) a quien tolera y alienta en contra del mismo enemigo común: los dos testigos (Iglesia Católica y Judíos). El progrecomunismo, emulando a su admirado islam replicará torpemente los modos musulmanes y, al igual que hicieronlos moros con las sinagogas y todos los templos anteriores por donde pasaron, destruirán total o parcialmente aquellos símbolos que por su carga emotiva son más dolientes para los creyentes de la antigua fe.

Sacar a los monjes

El 29 de mayo de 1958 se firmó en Madrid el convenio entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos. Ver DECRETO-LEY  de  23  de  agosto  de  1957 del BOE. En el mismo se establece que un grupo de benedictinos procedentes del monasterio de Silos se instalará en Cuelgamuros por un tiempo indefinido. Desde siempre había habido una buena convivencia entre ambas partes. 

El convenio nunca ha sido modificado, tampoco cuando la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos en 1982 pasó a depender de Patrimonio Nacional. Eso significa que, actualmente, depende del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con la Cortes y Memoria Democrática, del que es titular Carmen Calvo.

El primer paso es inventar un problema donde no existía. Es decir, realizar la promesa electoral de convertir el Valle de los Caídos en un monumento a la reconciliación, cuando desde su fundación ya lo era. La coletilla no expresada explícitamente es que quieren convertirlo en un homenaje laico, sin absolutamente ningún tipo de connotación católica.

Ello justificó la reforma de la ley. En concreto, la Disposición Adicional Octava de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, publicada el 2 de octubre de 2015. Esta ley, casualmente, dicta que a los cuatro años de la entrada en vigor de esa ley si el Estado no ha renovado el convenio, cosa que no ha hecho el estado en el caso de la orden benedictina a pesar de los intentos por llegar a un acuerdo de la orden, se extinga dicho acuerdo tácitamente.

Cuadrando el círculo, el estado ha extinguido el pasado 2 de octubre de 2020 el convenio. Pero el estado necesita una denuncia para actuar al encontrarse la abadía en un estado alegal. Y para eso, financia con nuestros impuestos a la ARMH para que sea la voz inocente, ajena totalmente al gobierno, que solicita al gobierno que actúe contra los monjes ya que el gobierno parece no atreverse a hacerlo de oficio y necesita una coartada para que la fiscal general del gobierno, perdón, del estado, actúe impostadamente en consecuencia remitiendo al Gobierno una denuncia de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) sobre una posible okupación del Valle de los Caídos por parte de los monjes benedictinos que controlan el conjunto monumental que pertenece a Patrimonio Nacional.

Y si para ello hay que saltarse los acuerdos internacionales como los acuerdoas con la Santa Sede, hágase.

Haciendo un poco de política ficción, los próximos pasos serán los siguientes:

1. Sacados los monjes y Franco, lo primero es desacralizar la Basílica.
2. Generar un nuevo status jurídico laicista para el complejo, convirtiendolo en un monumento a la memoria histérica. Para lo cual, se tendrá que abolir el patronato original y crear uno nuevo más acorde con la intencionalidad revanchista del gobierno
3. Seguidamente, se eliminará todo vestigio de simbología cristiana que no sea sumisa con la neoligión del estado confesional español. Como este cambio de confesión estatal no se puede todavía visibilizar, se recurrirán a artimañas al estilo de las que utilizó la ínclita ministra Aido.  Es decir, recurriendo a los super seleccionados técnicos afines acumulados todos en la Comisión Nacional de la  Memoria Democrática, para que dijeran lo que ella quería oir. La coartada era rodearse de un aura científica avalada por los trepas universitarios colaboracionistas, con el fin de medrar en sus respectivos ámbitos. Estómagos agradecidos.
4. El momento álgido será cuando una comisión de arquitectos dóciles y sumisos, afectos al sistema evalúen el estado de conservación de la cruz, la cual, obviamente será dictaminada como en estado ruinoso fruto de una conservación deplorable de los monjes. El resto sigue el plan establecido.