Decretos Ómnibus

Decreto ley

Un decreto ley es una herramienta que tiene el gobierno de turno para aprobar normas con carácter urgente. Con un decreto ley el Ejecutivo puede evitar pasar por todo el proceso parlamentario habitual. Esta figura legislativa es rápida, eficaz y, en teoría, sólo se puede utilizar en casos de extraordinaria y urgente necesidad.

Según la Constitución española, en el artículo 86, estos decretos ley no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al Derecho electoral general. Tienen un límite para su aprobación de 30 días. El Congreso puede decidir si lo valida o lo rechaza.

Decreto omnibus 

La perversión del decreto ley comienza cuando las medidas que se proponen dejan de ser pocas, específicas y limitadas para abarcar muchísimos y variados temas a la vez. Un decreto Ómnibus es un tipo de norma que agrupa varias medidas en un solo texto y que por su complejidad suele generar bastante debate. 

Un decreto Ómnibus es en esencia un decreto que no regula una sola cuestión por el contrario abarca muchas cuestiones a la vez metiendo asuntos de transporte energía, reparto y aplicación de nuevos impuestos, vivienda, educación... en un mismo paquete.

La intención de estos decretos viene justificada porque permite al gobierno sacar adelante muchas medidas en una sola tramitación parlamentaria sin tener que tramitarlas por separado. 

Sin embargo, la perversión aparece cuando la estrategia política pretende incluir medidas muy populares junto a otras más polémicas con el objetivo hacer comulgar a la oposición y al pueblo con ruedas de molino. Es un quid pro quo del gobierno que, actuando como un señorito en un cortijo andaluz, ejerce su derecho de pernada a la oposición. Es un órdago a la trágala. Si quieres esto que es bueno, tienes que aceptar también esto otro que es malo. Leyes que si se votaran por separado, no serían aceptadas, se promulgan en el mismo paquete con leyes que, objetivamente hablando, sí que son útiles, necesarias y urgentes en muchos casos, especialmente en catástrofes como el volcán de la Palma en 2021o la barrancada de Valencia a finales de 2024.

Al regular muchos aspectos legislativos a la vez es más difícil de negociar y no solo eso sino que también es más difícil de justificar como una norma de urgencia.

Consecuencias políticas 

Una derivada política de estos decretos es que el juego lo marca el poder ejecutivo. Es un juego en el que la oposición siempre pierde si acepta el decreto porque al aceptarlo:

1. La oposición se hace cómplice de las leyes inicuas.
2. El ejecutivo desactiva una justificación electoral que podría tirársele en contra por la oposición, en campaña electoral, ya que esa misma oposición ha aceptado esa ley. Esto puede obligar a la oposición a replantearse su posición política, que ahora quedará más cercana y parecida a la del ejecutivo, animando menos al votante a cambiar su voto desde el ejecutivo a la oposición.
3. El ejecutivo consigue avanzar en la consecución de sus objetivos políticos y justificar la ejecución de su programa electoral delante de su electorado.
4. Da la coartada a los medios de propaganda, durante un tiempo, en el que se venderá la bondad de las leyes aprobadas y de cómo la oposición se ha dado cuenta de su error, viniendo al cercado correcto del ejecutivo. 

Por otro lado, si la oposición no acepta el decreto y éste no se acaba aprobando, se le tirarán encima todos los medios de propaganda, enfatizando su falta de sensibilidad y el error político de la oposición al no haber querido aprobar unas leyes tan buenas, tan necesarias y de tan urgente necesidad. Y esto no sólo será propagado a los cuatro vientos en el momento en el que se pierda la votación, sino que además será empleado por el ejecutivo en contra de la oposición en campaña electoral. Revanchismo, rencor, soberbia, mentira y oportunidad política.

Como se puede observar, las leyes omnibus son un juego perverso en el que, haga lo que haga la oposición, ésta tiene que dar muchas explicaciones a su electorado, mientras que el ejecutivo siempre parte de una posición de poder en la que siempre acaba ganando poco, si no se aprueba la ley, o mucho si finalmente acaba aprobándose.