OMSeando tus libertades

A raíz de la pandemia de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud pidió un nuevo acuerdo internacional sobre pandemias y comenzó a redactar un documento en 2022. A este convenio lo denominan CA+ de la OMS.

Este acuerdo podría servir como vehículo para coaccionar la soberanía nacional y servir de coartada para imponer la vigilancia de los medios, la censura científica y promover el control de la población global, que incluirá, obviamente, el acceso al aborto. 

La propia OMS reconoce en su Órgano de Negociación Intergubernamental que el acuerdo 

1. Hace referencia a una serie de posibles principios rectores, resaltando la importancia de los derechos soberanos nacionales y el respeto pleno de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.
2. Al igual que con todos los instrumentos internacionales, todo nuevo acuerdo, siempre y cuando sea sancionado por los Estados Miembros, vendría determinado por los propios gobiernos, que adoptarían cualesquiera medidas teniendo en cuenta sus propias leyes y reglamentos internos. Es decir, que el grado de imposición de las medidas dictadas por la OMS sobre la ciudadanía de cada país viene determinado por el gobierno que las decide; aceptando que las políticas dictadas por la  OMS siempre serán tan vinculantes como lo acepte el gobierno. Es decir, que los Estados Miembros decidirán los términos del acuerdo, y si alguna de sus disposiciones será jurídicamente vinculante para los Estados Miembros en virtud del derecho internacional.

Sin embargo, una vez baja la guardia de los lectores, no tiene el más mínimo recato en soltar que correspondería a los Estados Miembros decidir si en el nuevo acuerdo sobre preparación y respuesta frente a pandemias se incluirán mecanismos de cumplimiento y cuáles. Es un principio general del derecho internacional que una vez que un instrumento de derecho internacional ha entrado en vigor sea vinculante para las partes en dicho instrumento, y que las partes estén obligadas a cumplirlo de «buena fe». A buen entendedor, con pocas.

Visto el comportamiento histérico de los gobiernos en la última plandemia, tenemos claro que si se aprueba este tratado, las naciones miembros independientes se verían obligadas, en la práctica, a adherirse a las políticas que se derivan de este acuerdo, socavando directamente su soberanía nacional. 

Ahora afirman activamente que cualquier afirmación de que "este acuerdo socavará la soberanía de un país al otorgar poder a la Organización Mundial de la Salud" son "noticias falsas, mentiras, teorías de conspiración, información errónea y desinformación" y que los países deberían "contrarrestar activamente estas narrativas falsas".

La Organización Mundial de la Salud es uno de los pilares de la implantación de la agenda globalista, radical y de izquierdas, en la que no hay escrito que emita en el que no aparezca claramente indicado el "derecho" a asesinar niños, de momento, todavía sólo dentro de sus madres, y la agenda ideológica de género. Este acuerdo, por su importancia, no es una excepción.

Junto con todo lo anterior, se desliza el perturbador artículo 17 en el que, por primera vez en la historia de este organismo, se está ordenando descaradamente que los países que a hagan frente a las informaciones falsas, engañosas o erróneas y a la desinformación, incluso mediante la promoción de la cooperación internacional. 

Como de costumbre, las preguntas siempre son las mismas: ¿quien es el que decide qué información es falsa, engañosa o errónea?¿Cuánto error debe de contener una información para que pueda comenzar a considerarse que es falsa?¿Se puede sentenciar de forma absoluta la intencionalidad engañosa de la fuente?¿Cuánta intencionalidad engañosa se considera suficiente para anular el acceso a la información?¿La supuesta falsedad de una noticia servirá para invalidar el acceso a todo el medio de comunicación que la contenga? y la secuencia de preguntas continúa.

Mucho nos tememos que todo aquello que se oponga a sus planes será tildado de "noticias falsas". Y visto el sesgo ideológico que domina a la institución, no es descabellado insinuar que este apartado será empleado como ariete contra la oposición conservadora a su agenda. 

Es perturbador que un organismo que fue creado para gestionar y coordinar globalmente las acciones sobre la salud de cada estado, respetando escrupulosamente la soberanía nacional de cada país, se instigue a los países firmantes, en el punto B del citado artículo, a que se realicen escuchas sociales y análisis periódicos para identificar la prevalencia y los perfiles de la información errónea, que contribuyan a diseñar estrategias de comunicación y emisión de mensajes dirigidas a la población con el fin de contrarrestar la información errónea, la desinformación y las noticias falsas y, de este modo, reforzar la confianza pública. ¿La confianza pública en qué? ¿Dónde está la presunción de inocencia? ¿Cuál será el coste de esta vigilancia preventiva? ¿Se empleará esta vigilancia sólo para esto o una vez montada la costosísima infraestructura para mantener esta vigilancia, se aprovechará también para otros menesteres? ¿Tendrán los ciudadanos e instituciones vigiladas garantizados sus derechos constitucionales mediante la supervisión de un juez? ¿Se destruirán los informes, fichas e información obtenida una vez eliminada la "emergencia" de salud? ¿Existirá el derecho al olvido de las actuaciones por parte del estado? 

Como se puede deducir, es todo muy orwelliano, al más puro estilo del Castillo de Kafka, en el que hay una asimetría descomunal entre un estado leviatán que aplica implacable su maquinaria sobre un ciudadano indefenso al que se coarta y arrincona socialmente, de momento.

Los países miembros de la OMS votarán sobre este acuerdo en la 77ª Asamblea Mundial de la Salud, que tendrá lugar del 27 de mayo al 1 de junio en Ginebra.